Editorial

Impostergable reforma a notarios

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El nombramiento como titular de la Primera Notaría de San Miguel de una abogada recientemente titulada ha sido duramente criticado debido al parentesco que ella tiene con un parlamentario oficialista, así como con diversos funcionarios ligados al rubro. El caso da cuenta no sólo de la falta de transparencia y competencia en los nombramientos de los notarios y conservadores, sino, también, de cuan obsoleta es la regulación de los auxiliares de administración de justicia.

Por lo pronto, numerosos especialistas señalan que el inciso 11 del artículo 162 de la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre habría impedido esta situación, prohibiendo la designación de parientes como auxiliares de la administración de justicia, una práctica preocupantemente común.

La falta de transparencia y competencia en los nombramientos se suma a la obsoleta regulación de los auxiliares de administración de justicia.

Pero, sobre todo, el caso debe enmarcarse en la discusión general sobre la llamada “permisología”, de la cual el sistema de notarios y conservadores es parte integrante. En efecto, según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, una mejor regulación en la materia podría reducir los costos notariales hasta en un 95%. Por ello, se requiere más competencia entre notarios, más notarías en zonas densamente pobladas y más tecnología en la prestación de sus servicios. Asimismo, sería positiva la creación de los “fedatarios” para los llamados “trámites de mesón”.

Todo lo anterior refuerza la necesidad de aprobar la reforma legal al sistema de notarios y conservadores que se tramita en el Congreso Nacional. Dicho proyecto de ley fue ingresado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y sus tiempos de tramitación han sido excesivos. En este sentido, resulta positivo que el Ministerio de Justicia haya anunciado el envío de una indicación al proyecto, reemplazando la participación del Poder Judicial en el nombramiento de notarios y conservadores por el consejo de Alta Dirección Pública.

Es de esperar que el caso mencionado al inicio impulse la aprobación del proyecto, contribuyendo a la modernización de los servicios prestados por los notarios y conservadores.

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